El pasado noviembre se celebró en Washington la cumbre del G-20 buscando soluciones a la Crisis Internacional. Los mandatarios de los países que forman este grupo adquirieron el compromiso de rechazar el proteccionismo y defender el libre mercado y la libre circulación de trabajadores. Poco ha durado este compromiso. El traslado de la tormenta financiera a la economía real ha tirado por tierra las pretensiones de los jefes de Estado de los países desarrollados de no cerrar las fronteras a trabajadores y productos y ahora cada país quiere hacer la guerra por su cuenta, lo que dificultará aún más la vuelta a la senda del crecimiento económico.
De este modo, las medidas anticrisis basadas en el proteccionismo comercial, con Barack Obama a la cabeza, amenazan con imitar los graves errores cometidos por los gobiernos de todo el mundo durante la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado. Así, el nuevo plan de estímulo económico elaborado por el equipo de Barack Obama incluye una cláusula Buy American por la que tan sólo el acero nacional podrá ser empleado en las obras públicas financiadas por el Estado. Como el presidente americano se ha convertido en la figura de referencia para la mayoría de los gobiernos progresistas del mundo, muchos países se han lanzado a imitar la dudosa medida con nuevos decretos proteccionistas ya sea mediante aranceles o con fondos de ayuda a los diferentes sectores de la industria según la importancia estratégica en cada estado.
Con ser grave este movimiento proteccionista de productos, se está produciendo otro más injusto que hace referencia a la libre circulación de trabajadores por los países. Así el gobierno británico de Gordon Brown quiere restringir la llegada de extranjeros que tengan cualificaciones profesionales, con el objeto de facilitar la inserción laboral de los ciudadanos británicos que se gradúan en las Universidades del país. Los jóvenes que concluyen sus estudios entran en competencia con otros foráneos y el Ejecutivo no quiere que se queden sin empleo por estar ocupándolos personas de fuera de la Unión Europea. La intención es que el sistema de puntos, instaurado en Reino Unido para regular la llegada de extranjeros se endurezca “para mantener los mayores niveles posibles de empleo cualificado británico”.
Esta iniciativa agrava la alta conflictividad social que se está viviendo en el Reino Unido con las huelgas contra la contratación de trabajadores extranjeros. De hecho, los trabajadores británicos califican de "escandalosa" la contratación de extranjeros y han exigido al primer ministro que cumpla su promesa hecha el pasado año de garantizar "empleos británicos para los trabajadores británicos". Precisamente, Gordon Brown ha insistido en condenar el proteccionismo como el "mayor peligro al que se enfrenta el mundo", Sin embargo, el mal que se deriva de su promesa de otoño de 2007 ya está hecho. El ejemplo más sangrante es el de la refinería de Lindsey, donde la concesión de la construcción de una planta desulfuradora a una empresa italiana, que aportó su propio personal, formado por italianos y portugueses, que, según los empleados británicos, son remunerados con un salario inferior a sus retribuciones, ha dado lugar a conflictos muy graves.
Lo peor es que este fenómeno se propague a otros países de la Unión Europea y se convierta en una persecución del trabajador extranjero con la excusa de la protección de los puestos de trabajo. La filosofía de la UE ha sido siempre el derecho a la libre circulación de trabajadores, que pueden buscar en cualquier Estado miembro un lugar donde desarrollar sus conocimientos y sus cualidades. Esta situación puede agravarse en el caso de los trabajadores extracomunitarios, estos inmigrantes llegaron a Europa buscando un trabajo y una vida mejor para sus familias, realizan los trabajos que son desechados por los trabajadores nativos y reciben salarios muy inferiores a los que corresponden para esos puestos. Se encuentran un idioma distinto, costumbres distintas, lejos de su país y su hogar y todas las dificultades aumentan si aparece el riesgo de la marginación cuando su estancia está asociada a los contratos ilegales o la falta de "papeles".
Los trabajadores inmigrantes representan un importante porcentaje de la clase trabajadora europea y aportan esfuerzo, sacrificio y riqueza a sus países de adopción y contribuyen al desarrollo económico de los Estados. Por lo tanto, los gobiernos deben velar por que su situación esté siempre dentro de la legalidad y que sus derechos se vean siempre respetados. La creación de servicios que puedan ayudarlos en aspectos como la salud, la educación, las relaciones con la Administración y el desarrollo de sus derechos ciudadanos, deben ser una prioridad para los gobiernos de los Estados de la UE, ello ayudará a unas relaciones más cordiales y civilizadas con los ciudadanos comunitarios.
Al fin y al cabo, no son los trabajadores inmigrantes los causantes de la Crisis Financiera Internacional sino una víctima más y también ellos quieren, pueden y deben contribuir con su trabajo a superar esta situación.
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févr. 08 2009, 01:49
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abadenas